𝗣𝗶𝘂𝗿𝗮, 𝟬𝟰 𝗱𝗲 𝗳𝗲𝗯𝗿𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟭.- El Centro de Arbitraje y de Resolución de Disputas, (CARD), del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental Piura (CIP-CDP), advierte que la mayoría de las obras públicas y privadas que se ejecutan en Piura no vienen incluyendo la Junta de Resolución de Disputas (JDR) pese a que existe normativa que lo exige.

Por ejemplo, en la Ley de Contrataciones del Estado “Art. 223.1 señala que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según corresponda y por acuerdo de las partes.

Asimismo, en el D.S: 250-2020-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece: 243.4.  que, si la JRD no se incorporó al inicio del contrato, esta se puede incluir, por acuerdo de las partes, en la cláusula de solución de controversias del contrato, es decir, que las soluciones estén a cargo de una Junta de Resolución de Disputas. Esto se debe aplicar en obra cuyos montos sean inferiores o iguales a veinte millones de soles (S/ 20 000 000,00). Esta incorporación se hace obligatoria cuando el monto de las obras supera los 20 millones de soles.  Además, que debe tenerse en cuenta que esta obligatoriedad de incluir las JDR en las obras, es aplicable en los procesos de selección convocados desde el año 2020.

El presidente del Directorio del CARD, Teodorico Córdova Flores, señaló que pese a las normas les causa preocupación, que se vienen suscribiendo contratos en algunas obras con montos como el señalado o mayores, que no estarían cumpliendo con lo que establece la norma, desconociendo las razones de dicho incumplimiento y que podría generar responsabilidades en los funcionarios de las entidades públicas.

“Es oportuno precisar las múltiples ventajas de la aplicación de este novedoso mecanismo de solución de conflictos que interviene desde el inicio hasta la recepción final de la obra, con la única finalidad de prevenir o dar solución a las controversias que vayan surgiendo durante la ejecución del contrato, evitando que esta se vea interrumpida, o paralizada perjudicando la culminación de la obra y afectando a los usuarios finales, o población beneficiaria”, refiere el Ing. Córdova.

Cabe señalar que el CARD está preparado para la aplicación de esta herramienta novedosa de Resolución de Controversias en la contratación de obras públicas, implementando este servicio, contando con un plantel de profesionales expertos en la materia, que estará vigilante, fiscalizará y velará para que el servicio de los Adjudicadores sea eficiente y de ayuda en la correcta y normal ejecución de las obras hasta su culminación y entrega.